MATRIMONIO


EL Constitucional francés tumba el ‘matrimonio’ homosexual

Niega cualquier discriminación o violación de derechos al aludir a otras formas a las que acogerse las uniones homosexuales, sin equipararlas al matrimonio. 

REDACCIÓN  HO.- La prohibición del matrimonio entre homosexuales no es inconstitucional en Francia. El Consejo Constitucional acaba de sentenciar que “la libertad de casarse no quiere decir que se prohíba al legislador el definir las condiciones para poder hacerlo, siempre que estas exigencias sean constitucionales”. Esas condiciones son, según el alto tribunal galo, el derecho a llevar una vida normal y el principio de legalidad.

Sobre el derecho a llevar una vida normal, el Consejo recuerda que este derecho no implica que las parejas del mismo sexo puedan “casarse”, ya que pueden vivir en concubinato o suscribir un pacto civil de solidaridad.

Sobre el principio de igualdad, afirma que mientras el legislador mantenga el principio de que “el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer”, la diferencia de situación entre parejas del mismo sexo y las formadas por un hombre y una mujer puede justificar una diferencia de tratamiento en cuanto a las normas del Derecho de la Familia.

Con ello, el Constitucional francés sentencia que los artículos del Código civil 75 y 144 que excluyen la unión civil entre personas del mismo sexo son acorde a la Constitución. En la actualidad, además de en España -donde también está recurrida la norma al TC-, Bélgica, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia y Holanda autorizan este tipo de uniones, equiparándolas con el matrimonio.

La pronunciación del Constitucional galo respondió a la demanda efectuada por dos mujeres que viven en conjunto hace 14 años, tienen cuatro hijos y se unieron a través de un Pacto civil de Solidaridad (Pacs). Este último, constituye un paso intermedio entre el concubinato y el matrimonio y es válido para homosexuales y heterosexuales.

El alto tribunal señala al Parlamento, al indicar que para avalar esta clase de uniones se tendría que proceder a una reforma de las leyes sobre familia. Añade así el máximo órgano jurisdiccional galo que el Parlamento podría variar esa proscripción, como ya ocurre en otros países vecinos

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